Lo que acaba de pasar con Joshua Steven Riibe

Joshua Steven Riibe, ciudadano estadounidense, llegó a la Cámara Penal de Higüey en una de las pocas ocasiones en que no estuvo acompañado por fuerzas policiales. Este hecho ocurrió tras presentar un recurso de habeas corpus preventivo, buscando evitar lo que él considera una posible detención injusta.

Durante su comparecencia, Riibe se presentó con el cabello desordenado, vistiendo completamente de negro, y realizando gestos que reflejaban su evidente malestar emocional. En la audiencia, mostró una actitud seria, pensativa y notablemente nerviosa.

Quien en algún momento eligió Punta Cana como destino durante sus vacaciones de primavera, se encontró ahora sin pasaporte, sin teléfono y como el principal sospechoso en la desaparición de la joven hindú Sudiksha Konanki. Mientras la prensa lo acosaba, el juez Edwin Rijo decidió darle la razón, aceptando el recurso presentado por su defensa.

El magistrado argumentó que, en su calidad de testigo, Riibe debía poder llevar una vida normal, pues no existía fundamento legal que justificara su constante custodia. Además, confirmó que no podía salir del Hotel RIU República sin la supervisión de las autoridades. Durante su comparecencia, Riibe fue asistido por un traductor y aprovechó la ocasión para relatar que siempre estaba acompañado por personal de la fiscalía y la policía, quienes lo interrogaban y lo acompañaban incluso durante sus comidas.

Cuando intentó dirigirse a la Embajada de Estados Unidos, con el conocimiento previo de su padre, Alber Francis Riibe, tuvo que esperar a recibir permiso para salir. A lo largo de la vista judicial, durante la cual se prohibió filmar en ciertas etapas, se le vio sentado, cabizbajo, con las manos entrelazadas, pero también sonrió mientras conversaba con su traductor y sus abogados, aunque momentos después volvía a mirar pensativamente sus manos, como si estuviera sumido en una profunda reflexión.

El juez Rijo declaró: «Si es un testigo, su vida debe seguir con normalidad». Agregó que Riibe había colaborado completamente con las autoridades y que las pruebas confirmaban que no podía abandonar su lugar de hospedaje sin autorización.

Por parte del Ministerio Público, Eduardo Velázquez presentó las conclusiones, destacando que Riibe era investigado únicamente como testigo. Explicó que la custodia tenía fines de seguridad, y negó que el joven estadounidense estuviera detenido, asegurando que solo había sido interrogado en varias ocasiones desde el sábado anterior. «Puede comer y beber en el hotel», precisó.

Por su parte, Riibe expresó su deseo de regresar a casa y estar con su familia, ya que había perdido su pasaporte hacía diez días y se le había impedido salir del país. Tras el tribunal aceptar su recurso, fue rodeado por un anillo de seguridad que lo escoltó hasta la salida trasera del tribunal.

El caso de Riibe ha captado la atención pública desde la desaparición de la joven hindú Sudiksha Konanki, quien estuvo con él la madrugada del 6 de marzo. A raíz de este suceso, se desplegó una intensa búsqueda en la República Dominicana, aunque la misma fue perdiendo fuerza luego de que los padres de la joven enviaran una carta solicitando una «declaración legal de fallecimiento», considerando que no hubo irregularidades en el levantamiento de pruebas.

A medida que el operativo de rescate disminuía, los bañistas continuaban disfrutando de las playas de Macao, mientras la presencia de helicópteros y lanchas se reducía. El próximo paso del proceso judicial será el 28 de marzo, cuando se leerá la sentencia completa del juez Rijo, quien aún no ha determinado las implicaciones del caso.

El Ministerio Público, la Policía Nacional, la Policía Turística (Politur) y el Hotel RIU República son las partes involucradas en el proceso. La defensa de Riibe, representada por el bufete Guzmán Ariza, excluyó a los responsables del hotel de la solicitud de imponer una multa de quinientos mil pesos si se desatiende la resolución del juez. Hipólito Sánchez, abogado de la cadena hotelera, argumentó que estos debían considerarse «víctimas del proceso».

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