Irregularidades expuestas tras tragedia en la discoteca Jet Set de Santo Domingo
La tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo, ha destapado una serie de anomalías vinculadas a su operación. El lamentable suceso, que dejó un saldo de 236 fallecidos y más de cien personas afectadas, puso bajo la lupa a las condiciones legales y estructurales del establecimiento.
De acuerdo con la información recopilada por el Ministerio Público, el local funcionaba sin contar con los permisos exigidos por al menos cuatro entidades del Estado: el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).
La única documentación oficial registrada data de 1970, cuando se aprobó la construcción del antiguo cine El Portal, ubicado en el kilómetro 6 de la avenida Independencia. Desde entonces, no consta ninguna autorización para remodelaciones, cambio de uso del suelo ni permisos ambientales que avalaran su conversión en una discoteca.
Las indagaciones concluyeron que el lugar operaba fuera del marco normativo. No tenía el permiso de uso de suelo emitido por el ADN, ni contaba con una evaluación estructural avalada por el MIVED. Tampoco se había realizado un estudio de impacto ambiental, requisito obligatorio para establecimientos con gran capacidad de público, el cual debe ser expedido por el Ministerio de Medio Ambiente.
El edificio fue adquirido en 1994 por los actuales dueños, cuando ya había dejado de funcionar como cine. Aunque la discoteca Jet Set fue originalmente inaugurada en 1973 por Grecia López, madre del empresario Antonio Espaillat, su primera sede estaba frente a la Clínica Independencia. Posteriormente se trasladaron al antiguo cine sin llevar a cabo los trámites legales necesarios para su adecuación a la nueva actividad comercial.
Durante casi tres décadas, el local operó sin cumplir con los requisitos técnicos, ni obtener las licencias necesarias que aseguren la integridad estructural y el cumplimiento ambiental. Esta falta de regulación representa una violación grave a las normativas diseñadas para proteger la seguridad de los asistentes a este tipo de espacios.
El derrumbe registrado en la madrugada del 8 de abril dejó en evidencia las consecuencias de años de negligencia institucional y empresarial.