Debaten en Santo Domingo Este cobro a motoristas por registro municipal

En Santo Domingo Este, República Dominicana, continúa la controversia en torno a una ordenanza municipal que impone a cada motorista el pago de RD $1,300 para poder circular en el municipio. La disposición, defendida por el alcalde Dío Astacio, es cuestionada por el abogado penalista Félix Portes, quien sostiene que vulnera la Constitución y la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Astacio afirma que el artículo 76 de la Ley 63-17 respalda el registro de motocicletas y que el cobro está amparado por el Reglamento 02-23, aprobado por el Concejo de Regidores. Según explica, la medida pretende implementar un registro municipal de vehículos de dos ruedas, optimizar la organización del transporte, reducir accidentes y contribuir a la prevención del delito.

Puede ser una imagen de 3 personas, barba y reloj de pulsera

El alcalde presentó su postura tras reunirse con representantes del Consejo Municipal de Mototaxistas, encabezado por Gustavo Orlando Ureña, quienes respaldan la iniciativa en vigor desde enero. Destacó que la cooperación con el sector es clave para garantizar un transporte seguro y ordenado en el municipio.

En oposición, Portes argumenta que el tránsito y el transporte son competencias exclusivas del Estado central y que únicamente las autoridades nacionales pueden exigir documentos como licencia, matrícula, seguro y cédula. Considera que imponer un “carnet” municipal a motoristas contraviene la Constitución, la Ley 63-17 y la Ley de Ayuntamientos, ya que se trata de un ámbito regulado a nivel nacional.

La medida provocó protestas el viernes, en las que motoristas contrarios al pago se enfrentaron a la intervención de la Policía Municipal y la Policía Nacional, con el uso de gases lacrimógenos y disparos disuasivos que generaron momentos de tensión en distintas áreas del municipio.

Hasta ahora no se han anunciado modificaciones a la disposición. El registro municipal sigue en curso, mientras los grupos que se oponen evalúan nuevas acciones, manteniendo vivo el debate a la espera de una eventual definición legal sobre la validez de la medida.

Leave a Comment

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *