Santiago, República Dominicana. – Este miércoles en la mañana, Génesis Peña, de 21 años, acudió al Palacio de Justicia de Santiago acompañada de su madre y de su abogado Martínez Brito, designado como su representante legal. Su presencia se enmarca en la audiencia donde la Fiscalía conocerá la solicitud de medida de coerción contra seis hombres acusados de una agresión cometida en marzo en el municipio Villa González.
El caso, que se hizo público tras la difusión de un video meses después del hecho, ha generado gran indignación social y mantiene el foco mediático en el proceso judicial. Las autoridades confirmaron que un séptimo implicado sigue prófugo y continúa siendo activamente buscado.
El Ministerio Público adelantó que solicitará 18 meses de prisión preventiva para los acusados y pedirá que el expediente sea declarado caso complejo, argumentando que la gravedad de las pruebas y el alcance social del suceso requieren plazos más amplios para la investigación.
La llegada de Peña al tribunal despertó gran expectativa. Decenas de ciudadanos, activistas y miembros de organizaciones comunitarias se congregaron en las inmediaciones para exigir que los imputados reciban sanciones ejemplares. El ambiente estuvo cargado de tensión, evidenciando el alto interés público que rodea este caso.
La comunidad de Villa González, donde residía la víctima, continúa conmocionada. La difusión del video a través de plataformas digitales generó una ola de rechazo nacional, impulsando a las autoridades a acelerar las diligencias judiciales que inicialmente avanzaban de manera discreta.
Desde que inició el proceso, las autoridades han subrayado la importancia de garantizar la seguridad de Peña y su familia, quienes además enfrentan la presión derivada de la exposición mediática.
Peña ingresó al tribunal con gesto serio, tomada del brazo de su madre, mientras su abogado reiteraba que la prioridad es que el caso se maneje “con apego estricto a la ley” y se haga justicia. La audiencia definirá el curso del expediente en los próximos días.
El Ministerio Público insiste en que la medida de coerción solicitada es esencial para prevenir riesgos de fuga y salvaguardar la integridad del proceso, reafirmando su compromiso con el desarrollo adecuado de la investigación.
