Veragua, Espaillat.– Un video grabado con un teléfono celular ha puesto en evidencia el presunto comportamiento inapropiado de Francis Vásquez hacia un menor de edad en esta comunidad de la provincia Espaillat. Las imágenes han desatado indignación y preocupación entre los residentes, quienes reclaman mayor protección para la niñez local.
De acuerdo con testimonios de comunitarios, Vásquez habría incurrido en actos indebidos contra el niño, mientras que, según denuncian, personas con influencia estarían tratando de protegerlo. Esto ha generado la percepción de que el caso no ha sido manejado con la firmeza que requiere una situación de esta naturaleza.
Tanto el menor como su madre residen en el país bajo condición migratoria irregular, lo que, según vecinos, ha dificultado la intervención de las autoridades competentes y limitado las opciones de resguardo para la víctima. Ante esto, la comunidad exige una investigación seria que asegure justicia y brinde garantías de protección al niño.
La denuncia trascendió gracias a Nicolás Guzmán, usuario de redes sociales, quien difundió el caso junto a un audio enviado por la madre del menor. En la grabación, la mujer rechaza supuestas ofertas económicas de la familia del acusado y expresa su angustia: “Yo no quiero dinero de nadie. Ese hombre quería ponerle la mano a mi hijo. Imagínate, un niño enfermo, con una extremidad afectada”.
Guzmán reforzó la denuncia con un mensaje en sus redes: “El niño tiene una extremidad perjudicada y aun así quieren callar a la madre con dinero. Nicolás Guzmán no quiere fama ni dinero, quiere justicia”.
El menor enfrenta problemas de salud que agravan su vulnerabilidad, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones. Mientras tanto, la comunidad de Veragua permanece atenta al desarrollo del proceso y reclama transparencia ante la posible interferencia de terceros.
Este caso plantea un nuevo reto para las autoridades de protección infantil y el sistema judicial dominicano: garantizar acceso a la justicia y resguardar los derechos de un niño en condiciones de alta vulnerabilidad, sin que su estatus migratorio represente un obstáculo. La respuesta institucional será clave para recuperar la confianza de la población en los mecanismos de protección disponibles.
