Brasil, Río de Janeiro. — A solo 24 horas de haberse llevado a cabo la operación policial más grande registrada en el país, Brasil enfrenta las repercusiones de una intervención catalogada como histórica en los complejos de favelas de Alemão y Penha. La acción dejó un saldo de 132 personas fallecidas, entre ellas cuatro agentes, de acuerdo con cifras de la Defensoría Pública.
El operativo, identificado con el nombre de “Contención”, fue ejecutado con el propósito de reducir la estructura operativa del Comando Vermelho, una de las organizaciones delictivas con mayor presencia en el norte de Río de Janeiro. Las unidades policiales ingresaron a estas zonas con el objetivo de retomar el control territorial y frenar el avance de actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas.
Las autoridades estatales reportaron la detención de 113 personas, incluyendo 10 menores, además del decomiso de 91 armas de fuego y diversos materiales prohibidos que aún no han sido detallados oficialmente.
El gobernador del estado, Cláudio Castro, defendió la intervención asegurando que era indispensable para frenar el fortalecimiento del crimen organizado. Explicó que el operativo fue planificado durante semanas y ejecutado por fuerzas especiales de la policía. Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro, afirmó que la acción representa un avance significativo en las estrategias de seguridad del estado.
Sin embargo, el ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, aclaró que el gobierno federal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fue informado previamente de la operación, destacando que se trató de una decisión exclusiva del gobierno estatal.
El operativo ha reabierto el debate nacional sobre el uso de la fuerza en este tipo de intervenciones. Con esta cifra, se supera el número de muertes registradas en la intervención de Carandiru en 1992, donde 111 reclusos fueron abatidos en São Paulo, considerado hasta ahora el episodio más grave en la historia de la seguridad pública del país.
En años anteriores, ya se habían registrado eventos alarmantes, como las operaciones en Jacarezinho en 2021 y en Vila Cruzeiro en 2022, que dejaron 28 y 25 fallecidos, respectivamente. Hasta la fecha no se han divulgado las identidades de las personas que murieron en este reciente operativo, lo que impide confirmar cuántas estaban vinculadas al Comando Vermelho o si entre ellas había civiles ajenos al conflicto.
Tampoco se ha publicado la lista completa de detenidos, aunque medios locales reportan la captura de Thiago “Belao” do Nascimento Mendes, señalado como colaborador de “Doca” Alves de Andrade, supuesto líder del grupo criminal en esa zona. Este último habría logrado huir, por lo que la búsqueda continúa en comunidades periféricas.
La Fiscalía de Brasil solicitó un informe detallado al gobierno estadual, luego de que residentes denunciaran posibles irregularidades durante la intervención. A su vez, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una investigación “inmediata y exhaustiva” para determinar si la actuación policial cumplió con estándares legales y de derechos humanos.
Mientras las fuerzas de seguridad se mantienen desplegadas, la población vive con incertidumbre ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos vinculados al Comando Vermelho. El país observa de cerca si esta operación representará un punto de inflexión o si dará inicio a un nuevo período de tensión en las zonas más vulnerables de Río de Janeiro.
