Diario al Día, Táchira, Venezuela – La severa sentencia impuesta a una médica de San Juan de Colón provocó conmoción en la región, luego de conocerse que fue condenada a treinta años de prisión por difundir un mensaje político durante el reciente proceso electoral.
Marggie Xiomara Orozco Tapias, de 65 años, fue acusada de delitos relacionados con la pérdida de una persona, retención ilegal y agresión, pese a que nunca estuvo vinculada directamente a hechos de esa naturaleza. La situación se originó cuando, en plena campaña presidencial, la doctora compartió un audio en el que instaba a votar en contra del gobierno, responsabilizando al Ejecutivo por la crisis económica.
Ocho días después de las elecciones —cuyos resultados despertaron cuestionamientos— funcionarios se presentaron en su vivienda alegando que necesitaban hacerle una entrevista nocturna. Tras su salida, desapareció por tres días sin que su familia pudiera comunicarse con ella, hecho que incrementó la angustia entre allegados, según relató su hijo, Paul Ruiz.
El audio llegó a manos de simpatizantes oficialistas, quienes lo entregaron a la Fiscalía, advirtiéndole posibles repercusiones como la pérdida de beneficios sociales. El caso se sumó a otros procesos abiertos contra ciudadanos que emitieron opiniones políticas por redes, recordando las autoridades que la libertad de expresión tiene límites dentro del marco institucional vigente.
Ruiz explicó que la jueza Luz Dary Moreno consideró el mensaje de su madre como un riesgo para la nación, alegando que llamados similares podían favorecer intereses externos. “Ella solo pidió votar diferente. Nunca participó en protestas ni buscó generar disturbios”, señaló.
Durante su permanencia bajo custodia, la médica sufrió una complicación cardíaca, pero aun así se mantuvo la medida más estricta de detención preventiva, bajo el argumento de que existía riesgo procesal y posibilidad de influir en testigos. La sentencia fue emitida semanas después, en un contexto donde autoridades habían advertido sobre mensajes que, a su juicio, incentivaban intervenciones extranjeras.
Abogados presentes aseguraron que la jueza afirmó comprender las dificultades que viven los ciudadanos, pero insistió en la necesidad de resguardar la estabilidad del país. Paralelamente, la presencia de naves estadounidenses en el Caribe —relacionadas con operaciones contra el narcotráfico— fue interpretada desde Caracas como una señal de presión internacional.
La Fiscalía confirmó la condena, aunque evitó ofrecer más declaraciones. El caso de Orozco se ha convertido en punto de debate nacional, especialmente por sus implicaciones en materia de expresión ciudadana en un momento políticamente delicado.
La comunidad continúa pendiente del desarrollo del proceso, mientras la familia pide sensibilidad y justicia ante lo que considera una situación profundamente dolorosa.