Cuatro ciudadanos dominicanos se encuentran detenidos en Estados Unidos desde el 30 de septiembre, luego de un proceso de extradición coordinado entre autoridades dominicanas y estadounidenses para responder a una investigación federal en curso. Documentos oficiales detallan que dicha cooperación permitió el traslado de los imputados a territorio norteamericano para su presentación inicial ante la justicia.
Los detenidos fueron identificados como Óscar Manuel Castaños García, de 33 años; Joel José Cruz Rodríguez, alias Paflow, también de 33; Edward José Puello García, de 45; y Joel Francisco Mathilda León, de 26. Según los reportes, todos estarían vinculados a una estructura dedicada a contactar, desde la República Dominicana, a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada mediante un mecanismo telefónico orientado a un amplio número de adultos mayores.
Los cuatro comparecieron el 1 de octubre de 2025 ante un tribunal federal en Boston, donde quedaron oficialmente bajo arresto mientras avanza el proceso judicial. De acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Massachusetts, la audiencia preliminar se desarrolló siguiendo los protocolos establecidos, con la presencia de los acusados y de los representantes del Estado.
La acusación establece que la red operaba llamando a adultos mayores con información falsa, con el objetivo de persuadirlos para entregar sumas de dinero. Esos fondos, según los fiscales, eran movilizados por intermediarios responsables de manejar transferencias, depósitos y demás operaciones financieras vinculadas al esquema.
El expediente señala que Castaños García dirigía el entramado desde territorio dominicano, mientras otros colaboradores efectuaban los movimientos económicos en distintos puntos de Estados Unidos, entre ellos áreas de Nueva York y otras localidades consideradas estratégicas durante la investigación.
Los cargos presentados incluyen conspiración para cometer fraude postal y electrónico, delito que contempla penas de hasta 20 años de prisión, tres años de supervisión y multas que pueden superar los 250 000 dólares. También se les imputa conspiración para el lavado de activos, infracción que podría conllevar hasta 20 años adicionales y sanciones económicas de hasta 500 000 dólares o el doble del monto involucrado en la operación ilícita.
La Fiscalía afirma que la estructura utilizaba intermediarios financieros para dar apariencia de legalidad a los movimientos de dinero. No obstante, los registros bancarios mostraron patrones repetitivos y transacciones sospechosas que activaron alertas dentro de las instituciones que cooperaron con la investigación federal, permitiendo profundizar en el análisis del esquema.
En la República Dominicana, el grupo había sido identificado previamente por agencias locales bajo el nombre de Discovery 3.0, información que fue remitida a Estados Unidos como parte del intercambio formal entre ambos países y que sirvió para complementar las diligencias efectuadas en territorio norteamericano.
Tras la extradición, el proceso continúa en la jurisdicción federal estadounidense, donde los cuatro acusados permanecerán en custodia mientras se desarrollan la evaluación de pruebas, las audiencias pautadas y los procedimientos judiciales establecidos por la Fiscalía del Distrito de Massachusetts.