Emanuel Geraldino denuncia abandono materno, falsas acusaciones y exige respeto a sus derechos
Este lunes, la defensora de los Derechos Humanos Rebeca Enríquez acudió al Palacio de Justicia de Cotuí en compañía del ciudadano Emanuel Geraldino Paulino, quien presentó una denuncia por presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales y a los de sus hijos menores de edad.
Geraldino Paulino declaró estar atravesando una situación complicada con la madre de sus hijos, a quien acusa de haber incumplido sus responsabilidades parentales, dejando a los menores bajo su cuidado exclusivo sin asumir compromiso alguno.
El ciudadano aseguró además que ha enfrentado obstáculos para ejercer su derecho de visitas, lo que lo llevó a iniciar un proceso legal con el fin de regularizar el régimen correspondiente y poder mantener contacto adecuado con sus hijos.
“El día 7 procedimos a regularizar las visitas de mis hijos porque no me los dejaba ver. Durante la reunión con la licenciada, ella se levantó, dijo que no quería a los niños y me dejó con la palabra en la boca. Luego salió y agredió mi vehículo”, relató Geraldino, quien informó que presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades.
La situación, según explicó, se agravó tras una prueba de paternidad que reveló que una de las niñas no es su hija biológica, lo que desencadenó nuevos conflictos. A partir de ese momento, asegura haber sido víctima de falsas acusaciones legales y despojado de sus pertenencias por parte de su expareja, con quien convivía en San Francisco de Macorís.
“Ella prácticamente me dejó en la calle. Luego se mudó a Cotuí con otra persona, y durante más de tres años no supe nada de mis hijos. A pesar de mis limitaciones económicas, ella me los entregó, y desde entonces he asumido mi rol como padre. Sin embargo, la madre también debe cumplir con sus deberes, como establece la Constitución”, expresó.
Rebeca Enríquez, en su calidad de defensora de los Derechos Humanos, acompaña a Geraldino en este proceso legal con el objetivo de velar por el respeto a sus derechos y la protección de los menores involucrados.
El caso se encuentra actualmente en manos de las autoridades judiciales de la provincia Sánchez Ramírez, quienes darán seguimiento conforme a lo establecido por la ley.