El caso de Abril Mieses Puello continúa generando conmoción en República Dominicana, luego de que las autoridades revelaran nuevos detalles sobre la investigación que involucra a su pareja sentimental, identificado como Randy Jiménez. La joven de apenas 15 años fue encontrada sin vida en una finca ubicada en el sector Mata de Cana, en Villa Altagracia, hecho que ha provocado indignación y llamados de justicia por parte de familiares y ciudadanos.
De acuerdo con informaciones ofrecidas por la Policía Nacional, uno de los elementos más importantes dentro del expediente es una nota de voz atribuida al principal sospechoso. Según explicó el vocero policial Diego Pesqueira, el audio habría sido enviado al propietario de la finca donde ocurrió el hecho y en él el hombre “prácticamente admite los hechos”, además de pedir disculpas por lo sucedido.
Las autoridades indicaron que este material representa una de las evidencias más relevantes hasta el momento, mientras esperan los resultados oficiales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), organismo encargado de determinar la causa exacta de la muerte de la adolescente. Dichos resultados serán fundamentales para formalizar la acusación correspondiente.
Mientras avanza la investigación, familiares de Abril Mieses han denunciado públicamente que el hecho habría sido planificado. Algunos allegados aseguran que el sospechoso envió mensajes previos que podrían interpretarse como señales de premeditación, lo que ha aumentado el impacto emocional del caso en la comunidad.
La madre de la menor, visiblemente afectada, pidió justicia entre lágrimas durante declaraciones ofrecidas a medios nacionales. Por su parte, el padre expresó que nunca sospechó que la relación de su hija representara un peligro, afirmando que siempre le preguntaba si era tratada correctamente.
Actualmente, Randy Jiménez permanece prófugo y los operativos de búsqueda continúan activos. La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.
El caso ha reabierto el debate sobre la violencia contra mujeres y menores en República Dominicana, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección en comunidades vulnerables.
