La familia de la pequeña Jazlin Isabella Graciano de la Cruz, una bebé de apenas cuatro meses de edad, exige respuestas y justicia tras su fallecimiento, ocurrido luego de haber sido entregada por las autoridades a un centro bajo la custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Según los parientes, la tragedia se produjo después de que el padre de la menor, Juan Nicaury Graciano Cruz, y su abuela, Mirian Cruz, solicitaran en múltiples ocasiones la custodia temporal de la niña antes de que se emitiera la orden administrativa que dispuso su ingreso al centro. La familia asegura que pidieron directamente a la magistrada Angelina Santos que la bebé permaneciera bajo su cuidado familiar hasta la audiencia fijada para el día 20, solicitud que —según relatan— fue denegada.
«Nosotros fuimos casi todos los días a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes… le rogamos de rodillas que no la entregaran a CONANI, que nos la dejaran a nosotros hasta el juicio», expresó entre lágrimas Mirian Cruz, quien además cuestionó las condiciones del centro, alegando que “no cuenta con la capacidad para atender a infantes tan pequeños”.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el caso. La familia espera los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la menor y exige una investigación exhaustiva sobre las actuaciones tanto de la magistrada como del personal del centro donde se encontraba bajo custodia.
Vecinos y allegados del entorno familiar han manifestado su apoyo al padre de la bebé, describiéndolo como un progenitor responsable y comprometido, mientras ponen en duda que la madre contara con las condiciones adecuadas para el cuidado de la niña. Ante esto, los familiares reclaman que se esclarezca por qué se decidió trasladar a la menor sin una evaluación más completa de la situación familiar.
En su reclamo formal, la familia Graciano Cruz solicita:
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La entrega íntegra y pública de los resultados de la autopsia oficial.
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La realización de una segunda autopsia independiente, costeada por los parientes.
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Una investigación administrativa sobre la actuación de la magistrada Angelina Santos.
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Y una explicación pública por parte de la dirección local de CONANI respecto al manejo del caso y las decisiones adoptadas.
El caso ha generado profunda indignación y conmoción en la comunidad, donde se espera que las autoridades competentes respondan con transparencia y garanticen que hechos como este no vuelvan a repetirse.
