La Fiscalía de la provincia Hermanas Mirabal, en el municipio de Salcedo, confirmó que la medida de coerción impuesta a Zoila Rosmery Liriano Sala fue extendida por tres meses adicionales. Con esta decisión, las autoridades mantienen bajo control judicial a la señalada por un hecho ocurrido frente al establecimiento conocido como Ruddy Lougs, donde la joven Yasaira Díaz Ramos resultó con lesiones de consideración, según los reportes iniciales del caso.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, a Rosmery Liriano se le atribuye haber agredido a Díaz Ramos con un objeto cortante, instrumento que, según los documentos preliminares, habría sido utilizado durante el incidente ocurrido en esa zona de Salcedo. La Fiscalía explicó que la prórroga de la medida busca asegurar el desarrollo adecuado del proceso y garantizar que la imputada comparezca ante cada llamado de las autoridades judiciales.
Las autoridades señalaron que la extensión se debe a diligencias pendientes y a la necesidad de analizar elementos que aún están bajo evaluación para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y cuál sería la responsabilidad de la investigada. Durante este periodo adicional, se continuará la recopilación de información y documentos requeridos para sustentar el proceso conforme a las normas que rigen las investigaciones penales.
La imputada cumplirá estos tres meses adicionales de coerción en la fortaleza Juana Núñez, ubicada también en Salcedo, lugar que seguirá siendo el centro asignado mientras se completan las diligencias ordenadas por la resolución que ratificó la medida.
Para la Fiscalía, mantener a la señalada en dicho centro permite resguardar el curso de la investigación y facilitar el trabajo de los organismos que intervienen en el caso. La institución recalcó que esta disposición es necesaria para preservar el orden procesal y asegurar que cada elemento del expediente sea examinado sin interrupciones.
Finalmente, la entidad reiteró que el caso continuará avanzando conforme a la ley, sin alterar la información conocida ni añadir datos que no formen parte de la investigación oficial. También recordó que todas las decisiones adoptadas buscan garantizar un proceso riguroso y ajustado a los principios establecidos por la normativa judicial vigente.