Un tribunal condenó a 30 años de prisión a un hombre hallado culpable de intento de asesinato y violencia agravada, tras un violento ataque ocurrido en marzo de 2024 que dejó a la víctima con graves secuelas físicas y emocionales.
La decisión judicial se produjo luego de que el Ministerio Público demostrara, con un amplio conjunto de pruebas, la responsabilidad penal de Pedro Samuel Fernández Sánchez, acusado de disparar contra su expareja en las afueras de una repostería concurrida, en un hecho que generó gran consternación en la comunidad.
De acuerdo con la acusación, el agresor interceptó a la mujer en el momento en que esta llegaba a su lugar de trabajo y, sin mediar palabras, le realizó un disparo directo al rostro con la clara intención de provocarle la muerte. El arma utilizada era ilegal, lo que añadió un elemento agravante al proceso.
Las investigaciones revelaron un patrón sistemático de acoso previo al ataque. El condenado habría mantenido una conducta persistente de persecución, vigilancia y amenazas contra la víctima, evidenciando un comportamiento obsesivo que fue determinante en la calificación jurídica de los hechos.
El expediente también establece que el crimen fue premeditado. Según la fiscal a cargo, Niovy Gómez, el imputado planificó cuidadosamente la agresión, llegando incluso a alquilar un vehículo para seguir a la mujer sin levantar sospechas, lo que demuestra un nivel de organización y deliberación previo al atentado.
Tras cometer el hecho, el agresor huyó de la escena, dejando a la víctima con heridas de extrema gravedad. Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió desfiguración facial permanente, además de severos daños psicológicos que han impactado profundamente su calidad de vida.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes, entre ellas el arma de fuego utilizada, registros de cámaras de seguridad que captaron el momento del ataque, así como comunicaciones que evidenciaban la intención criminal del acusado.
El caso fue conocido por el Primer Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Juan Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos, quienes concluyeron que las evidencias demostraban de manera inequívoca la culpabilidad del procesado.
Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó además el pago de una indemnización de dos millones de pesos a favor de la víctima, así como el decomiso de todas las pruebas materiales relacionadas con el caso.
La Fiscalía de Santiago sustentó la acusación en varios artículos del Código Penal Dominicano, así como en la Ley 631-16 sobre control y regulación de armas, resaltando la gravedad del uso ilegal de armas de fuego en actos de violencia de género.
Este caso pone en evidencia la importancia de actuar a tiempo ante señales de violencia y acoso, así como el rol fundamental de la justicia en la protección de las víctimas y la sanción ejemplar de este tipo de delitos.